Comienzo parafraseando el titulo de un articulo del pasado 16 de octubre, para desmentir que el TTIP vaya a ser algo positivo, muy al contrario, es una nueva limitación de la democracia y de la libertad de decisión de los pueblos, frente a los intereses de las grandes corporaciones.
Por ejemplo, en Canadá, los habitantes de Quebec votaron en un referéndum el rechazo del fracking como método de explotación, y las multinacionales afectadas, en base al NAFTA (la equivalencia al TTIP en América del Norte) denunciaron al estado exigiéndoles millones de dólares por los “perjuicios sufridos” y en base a la legislación del acuerdo, ganaron y adivinan quién pagó y qué sucedió…
Se hizo pagar a los contribuyentes su rechazo a que las grandes empresas envenenaran el medio ambiente. Esto se debe a que el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) permite a los inversores extranjeros eludir la justicia ordinaria de los estados y demandar a los gobiernos ante tribunales privados por cualquier política, legislación o fallo judicial que perjudique a los primeros, es decir, el sistema se ha transformado en un negocio controlado por unas pocas firmas y abogados no exentos de conflictos de intereses. Los tribunales se componen de abogados con ánimo de lucro en lugar de jueces independientes, donde los inversores extranjeros tienen más derechos que los nacionales. Igualmente, se limitarán más aún los derechos laborales de quienes trabajan, porque a los acuerdos entre la U.E., EE.UU. y las grandes multinacionales habrá que supeditar el resto de legislaciones europeas o nacionales.
Es decir, el TTIP y otros Acuerdos Internacionales de Inversión suponen una importante amenaza para la democracia y el Estado de derecho, valores que teóricamente suscribe la Unión Europea, y también para los intereses públicos en materia social, ambiental, de salud y de seguridad para el consumo, así como para el derecho soberano de los Estados de gobernarse.
