Estos debates surgen de la mayor preocupación ciudadana por la defensa y bienestar de los mismos, con medidas como el fin del uso de animales en circos, erradicación de prácticas de crueldad o el establecimiento de verdaderas políticas públicas para prevenir y solventar situaciones de abandono y maltrato.
En los últimos tiempos diferentes municipios y comunidades autónomas han asumido el debate político sobre la necesidad de implementar normas y leyes que mejoren los estándares de protección de los animales.
Esta corporación tampoco es ajena a la necesidad de actualizar una norma, la Ley 5/1997 de 24 de abril de Protección de Animales de compañía de Castilla y León, cuya vigencia superará en breve las dos décadas de antigüedad, reflejando ahora importantes carencias que deben ser abordadas a través de los preceptivos procesos legislativos.
Tenemos la obligación, como representantes electos, de trasladar a las instituciones la importancia de la adopción de medidas y peticiones que también hablen de los miles de animales domésticos y silvestres en cautividad, afrontando debates necesarios en nuestras administraciones, que impliquen una nueva Ley de Protección Animal que supere artículos con 20 años de antigüedad, y se adapte a los tiempos, a las demandas ciudadanas en este sentido, y a la ética del siglo XXI.
Sólo en el último año, se han debatido normas similares en las cámaras de Galicia, Comunidad de Madrid o Islas Baleares, mientras que en otros parlamentos y plenos municipales – y provinciales- también se habla de esta materia, como proyectos de Ley en Castilla-La Mancha, Canarias, etc.
El abandono, el sacrificio como método de control, la falta de apoyo para ordenar de manera responsable las colonias felinas o el propio empleo de animales en espectáculos circenses que rozan la degradación, son aspectos que una futura Ley de Protección Animal no puede olvidar. El debate está en la calle.
ACUERDOS:
1. Instar a la Junta de Castilla y León a adoptar aquellas medidas tendentes a la elaboración de un Proyecto de Ley de Protección Animal que sustituya el actual marco normativo.
2. Colaborar en el impulso de una verdadera estrategia autonómica contra el maltrato y el abandono, que apoye a las entidades protectoras y refugios económica y técnicamente.
3. Comunicar este acuerdo a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Palencia y a la Asociación Animalista Libera.
