La crisis económica iniciada en 2007 ha aumentado gravemente los niveles de desigualdad entre las personas, poniendo en peligro la convivencia y cohesión social. Los servicios públicos se han visto recortados y desbordados para cubrir las necesidades y derechos de la ciudadanía.
Los trabajadores y trabajadores de la Administración Local y del conjunto de servicios públicos han sufrido bajadas salariales, aumentos de las jornadas y carga de trabajo, además de tener prohibida de facto la negociación colectiva, por los sucesivos reales decretos.
Las cifras macroeconómicas de los últimos dos años han sido positivas, con crecimientos del PIB del 3,2% en 2016, pero no se han traducido en una mayor igualdad, sino al contrario, los beneficios empresariales se han triplicado mientras que los salarios siguen estancados, procediendo al denunciado trasvase de rentas del trabajo a rentas del sector financiero.
En la Administración Local no se está creando el empleo suficiente para garantizar la prestación de calidad de los servicios públicos y necesarios.
Unos servicios públicos sumamente necesarios para lograr el equilibrio social ante las necesidades que requiere la ciudadanía en un momento como el actual.
Las Administraciones Locales, a pesar de tener la mayoría unas cuentas saneadas, y tener superávits, se ven limitadas para dotar los servicios públicos con presupuesto adecuado y con los empleados y empleadas públicos necesarios, porque el Gobierno del Estado lo impide a través de la ley de presupuestos, manteniendo la tasa de reposición, la limitación de oferta pública de empleo y las prioridades en el gasto, así como mantienen el techo de gasto, no permitiendo que los ayuntamientos saneados económicamente inviertan en las necesidades de cada municipio.
Otra imperiosa necesidad es que haya una negociación de una nueva financiación de las Administraciones Locales, dado que la actual es insuficiente.
Por todo ello, formulamos la presente MOCIÓN:
ACUERDOS:
El Ayuntamiento de Palencia insta al Gobierno de España a iniciar una negociación con los agentes sociales, la FEMP y los Grupos parlamentarios de las Cortes Generales, de cara a que los presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplen:
- Una correcta financiación de la Administración Local, que garantice el acceso universal a unos servicios de calidad e igualdad de oportunidades.
- Una reforma fiscal que profundice en el principio de progresividad.
- El refuerzo de los Servicios Públicos, como Enseñanza, Servicios Sociales y Dependencia, Suministro de Agua, servicios de atención al público, I+D+i, entre otros, para mejorar la calidad de vida, la cohesión social, dinamizar la economía local y generar empleo.
- Un aumento en las inversiones públicas que permitan un avance en nuestras infraestructuras, que además de generar empleo, son garantía de cohesión social y territorial, reforzando las competencias de la Oficina Nacional de Evaluación, para que valore las decisiones de inversión en infraestructuras con criterios de utilidad social.
- La modificación de las limitaciones en las prioridades de gasto e inversión de sus presupuestos en las administraciones locales, respetando la autonomía de cada administración.
- La flexibilización de las limitaciones a la creación de empleo público en las administraciones locales y la tasa de Reposición, permitiendo nuevas ofertas de empleo público, así como un plan de ofertas extraordinarias de empleo en un tiempo determinado para recuperar los empleo perdidos desde el 2012.
- El desarrollo del Estatuto del Empleado Público y la promoción de negociación colectiva real en cada administración con sus empleados públicos, disponiendo de la dotación presupuestaria necesaria para devolver las cantidades salariales detraídas a las empleadas y empleados públicos, así como otras condiciones laborales que quedaron sin aplicación los últimos años.
- Cláusulas sociales obligatorias en la contratación pública que garanticen la eficiencia y transparencia del servicio, así como el Empleo, las condiciones laborales y la subrogación de las personas trabajadoras.
Dar traslado de este acuerdo a los Gobiernos Central y Autonómico, a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados y de las Cortes Regionales, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
