El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios: tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

Y este principio se puede vincular con el artículo 40, de la Constitución Española, que establece que «los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa».

La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo desde hace años. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas.

La población más vulnerable, que ha sufrido históricamente las peores consecuencias de las crisis de un sistema depredador de la vida, ve nuevamente cómo ante la actual situación de la COVID queda completamente desprotegida. Un abandono que provoca la vulneración del derecho a una vida digna, al abastecimiento de suministros tan básicos como el agua, la electricidad o una temperatura adecuada en sus hogares.

Vivir con frío o humedades permanentes tiene impactos directos sobre la salud física (enfermedades respiratorias y alergias) y mental (insomnio, irritación, bajo rendimiento intelectual) que afectan a la estructura familiar y sobre todo a los más vulnerables: niños, personas mayores y enfermos. Actualmente, España es uno de los países de Europa con mayor mortalidad adicional en invierno, uno de los indicadores que se usan para cuantificar la pobreza energética.

La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a las personas consumidoras más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos.

Más si cabe en el caso de la factura de la luz, que como hemos visto estos últimos días, ha subido alarmantemente por la codicia de las empresas. Aprovechamos para denunciar la abusiva e injustificable subida del precio de la electricidad por parte de las grandes compañías de la energía que operan en España hasta alcanzar niveles récord y convertirnos en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea. Lo llevan a la práctica precisamente en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia, llegando a una situación insoportable, que es consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico.

De no atenderse estas peticiones, supondría que nuevamente las administraciones públicas se desentienden de las miles de familias vulnerables y más concretamente que el Ayuntamiento de Palencia no cuida de su ciudadanía, especialmente de aquéllas que están en doble situación de vulnerabilidad por la pandemia.

 

Desde Ganemos Palencia estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico y por todo ello queremos que el Pleno adopte los siguientes acuerdos:

  1. Que no se produzcan cortes de suministro para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética y que accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real. Deben tener el necesario respaldo presupuestario, creando un fondo de Emergencia Energética con cuantía suficiente para este año por la crisis de la pandemia y que en años sucesivos se pueda ir ampliando.

  1. Que los mecanismos de concesión de estas ayudas de emergencia energética se concedan con una ordenanza específica y diferenciadora de las ayudas de emergencia social. Evitando de esta manera que la resolución sea a través de subvención y facilitando que se puedan solicitar las ayudas durante todo el año.

 

  1. Entender que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a la rehabilitación de las viviendas que ocupan.

 

  1. Instar a la FRMP y a la Junta de Castilla y León para que en la renovación de convenios con las empresas energéticas de luz, de gas y de agua mejore las condiciones de acceso a las ayudas para evitar la suspensión de suministro de energía en los terminos de la presente Moción y dadas las condiciones de crisis económica.

 

 

 

 

X