El Ayuntamiento de Palencia recibirá 2 millones de euros anuales de la Unión Europea hasta el año 2020 gracias al proyecto EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que tendrá que completar con otros dos millones de recursos propios. Uno de los objetivos de esta estrategia es erradicar la pobreza y la exclusión social(OT9). En el objetivo 17, la estrategia recoge: “habilitación de espacios a colectivos en zonas urbanas desfavorecidas”.
Sin embargo, para nuestra sorpresa, el PP no quiere llevar a cabo facilitar inmuebles en alquiler social, a pesar de su importancia y de lo necesarios que son para solucionar las carencias residenciales de muchas personas en nuestra ciudad, debido a los elevados precios de los alquileres o a la dificultad de algunos colectivos para acceder a ellos, como quienes tienen escasos recursos económicos, familias desahuciadas o residentes en infraviviendas. Ganemos considera básico el derecho constitucional a una vivienda digna y que el Ayuntamiento debe hacer política para facilitarla a los vecinos y vecinas más vulnerables.
Se podría llegar a convenios con entidades bancarias y/o con la Junta de CyL, o bien llevar a la practica las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de hace más de diez años relativas al Sector 8 / Nueva Balastera. Estas sentencias anularon ventas de terreno público, por no haberse efectuado bajo ningún tipo de protección oficial, ya que el Ayuntamiento incumplió la ley al enajenar estos terrenos como parcelas de precio libre, en lugar de con protección pública. Las viviendas ya construidas en teoría deberían transformarse en pisos de protección pública, pero ante la imposibilidad de hacerlo, los terrenos públicos deben regresar al patrimonio municipal del suelo: el Ayuntamiento tiene la obligación de restaurar esta situación es decir, debe conseguir terrenos por la cuantía económica de los que vendió (de 3.820.000 euros y 4.311.873 euros, respectivamente) y las parcelas deberán estar sujetas a algún régimen de protección oficial.
La propuesta que hace Ganemos es que sean viviendas sujetas a alquiler social y que se ponga especial énfasis en el cumplimiento de estas sentencias que Izquierda Unida llevó a juicio en su día por medio de su concejal y portavoz Mariano San Martín. En estos momentos quedan por cumplir más de tres millones de Euros que podrían utilizarse para la construcción de vivienda de protección oficial que fuera destinada a alquiler social.
Además de esas propuestas, recordamos algunas opciones de otros Ayuntamientos para demostrar que si hay voluntad política, sí se puede:
Asi en La Coruña,el Ayuntamiento compró quince viviendas ubicadas en diversos barrios que se sumaron a las 403 que componen el parque inmobiliario municipal en la actualidad. La compra fue por un importe global de 1,26 millones de euros, pagando un precio máximo de 1.700 euros por metro cuadrado. La mayoría de las ofertas correspondieron a particulares, aunque también hay una promotora y una corporación Bancaria, con tres viviendas.
El Ayuntamiento de Manises (Valencia) invirtió 200.000 euros en la adquisición de inmuebles sociales y poder crear un Parque Municipal de Viviendas Públicas en alquiler social al servicio de las familias que no tienen la posibilidad de acceder a un hogar a precio de mercado. Para este ayuntamiento es una prioridad porque son muchas las familias que no tienen casa por falta de recursos económicos.
El Consistorio de Santa Cruz de Tenerife inició un programa urgente para adquirir 20 viviendas a fin de destinarlas a familias en exclusión. Se trataría de promociones pertenecientes a entidades bancarias, que estén vacíos o a medio terminar, de forma que el Ayuntamiento las adquiere, las termina y las pone en el mercado para alquiler social. Además, el Ayuntamiento acometerá anualmente la adquisición de inmuebles, mediante licitaciones programadas, con el fin de poner en el mercado viviendas de precio tasado.
En Valladolid en 2018 el área de Urbanismo recibió 45,1 millones de las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Valladolid, de los que 3,1 millones de euros se destinarán a la adquisición de 50 viviendas para incrementar el parque social. Para poder financiarlo, será necesario vender parcelas de propiedad municipal tanto industriales como residenciales. Con la venta de ese suelo se podrán comprar viviendas para ampliar dicho parque social.
Diferentes localidades, diferentes fórmulas, pero todas con un mismo objetivo que parece haberse olvidado en nuestra ciudad, a pesar de su relevancia. En definitiva, denunciamos que al gobierno del PP en esta ciudad no le interesa permitir que las personas y familias en riesgo de exclusión puedan acceder a unos medios básicos de vida -entre los que se incluye la vivienda- mientras que otros municipios demuestran que es posible hacerlo de diversas maneras
