Ganemos Palencia ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones y a la Memoria de Impacto Normativo del gobierno estatal, en concreto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
A Ganemos Palencia le preocupa especialmente que dicho Anteproyecto no menciona en ningún momento los posibles efectos negativos de extender la red de telecomunicaciones, sobre la salud de la población y especialmente colectivos más vulnerables como niños, ancianos o personas con patologías previas, cuestión no aclarada definitivamente puesto que son abrumadoras las evidencias científicas presentadas por organismos independientes, demostrando los daños a los organismos vivos de las radiaciones no ionizantes. Ello hace que sea exigible el principio de precaución, aspecto fundamental que debe prevalecer siempre en el desarrollo o implementación de cualquier tecnología, como una forma de proteger a las personas.
Entre los objetivos y principios del Anteproyecto de Ley presentado (artículo 3) no figura ninguno relativo al derecho de los ciudadanos a preservar sus derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y a la protección del medio ambiente frente a las emisiones radioeléctricas producidas en el ámbito de las telecomunicaciones, así como a la inviolabilidad de su persona y su domicilio familiar respecto de las inmisiones radioeléctricas. Esto supone en realidad toda una declaración de intenciones sobre la falta de preocupación absoluta del órgano que ha elaborado el Anteproyecto en relación con estos aspectos. La Ley establece una larga serie de derechos dirigidos a los usuarios de las telecomunicaciones como consumidores, pero se olvida de los derechos más importantes citados anteriormente y que lo son de cualquier ciudadano, con independencia de que sea o no usuario de las telecomunicaciones.
Ganemos Palencia se hace eco asimismo de una demanda que lleva solicitando desde hace años, como es la promoción oficial de estudios epidemiológicos en espacios cercanos a antenas de telefonía de los municipios españoles, para analizar la existencia de enfermedades que puedan estar vinculadas a ellas. Y esto, a pesar de que todos los estudios publicados en revistas internacionales realizados sobre la población que vive cerca de las antenas de telefonía, muestran efectos sobre la salud, que van desde dolores de cabeza, fatiga e insomnio, a la proliferación de tumores. Esta evidencia científica tampoco se ha considerado en ningún momento para frenar o reducir el despliegue que ha continuado completamente ajeno al conocimiento científico existente. Remitimos en este sentido a todos los que aparecen recopilados desde hace muchos años en la página web de la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telefonía Móvil (https://www.avaate.org/estudios-cientificos/).
También preocupa la supresión de competencias municipales en este ámbito. Muy al contrario, a lo largo del texto se apuran al máximo las competencias del Estado, tutelando y minimizando en todo lo posible las de las Comunidades Autónomas y los Municipios, se dispone del mayor grado de intervencionismo aplicado hasta la fecha con el objetivo indicado. Un intervencionismo que se aplica para que Comunidades Autónomas y Entidades Locales no dispongan apenas de capacidad para ejercer sus competencias, y que prácticamente desaparece cuando se trata de dar facilidades a empresas y operadores. Por el contrario, el objetivo declarado del Anteproyecto es el de facilitar al máximo que las empresas de telecomunicaciones puedan implantar de la forma más fácil posible las redes de telecomunicaciones, con el fin último de llegar a desarrollar plenamente el internet de las cosas. Se pretende que todas las personas, con independencia de las consecuencias que para la salud y el medio ambiente puedan tener, estemos rodeados para siempre de numerosas emisiones electromagnéticas cuyos efectos a fecha actual, en el mejor de los casos, son totalmente desconocidos.
Además se alegan otras cuestiones, como que el Estado está haciendo dejación de funciones, apartándose de intervenir en sectores estratégicos de la economía con importancia decisiva -como es el de telecomunicaciones- y dejándolos en manos de la libre competencia y del mercado dominado por las transnacionales este sector. Es decir, el gobierno renuncia a ejercer un papel protagonista en la prestación de dicho servicio y se limita a ser un mero agente regulador.
