Las sucesivas reformas laborales de los años 2010 y 2012 trajeron como consecuencia bajos salarios, precariedad laboral y contratación abusiva, contribuyendo decisivamente al déficit de la Seguridad social: las cotizaciones no cubren los gastos y el gobierno ha recurrido de manera sistemática a vaciar el Fondo de Reserva de las Pensiones hasta quedar vacío.

 
En 2.011 el Fondo tenía 66.815 millones y en diciembre de 2017 8.095 millones de €. Este instrumento creado en el año 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.

 
La solución pasa obviamente por corregir esta situación aumentando los ingresos del sistema público de pensiones estableciendo nuevas fuentes de financiación e impidiendo que el Gobierno pueda disponer arbitrariamente de cantidades del Fondo. Y por supuesto derogando las reformas laborales que han traído precariedad, desempleo y bajos salarios.

 
A la bajada de ingresos en la Seguridad Social también han contribuido algunas medidas del gobierno en forma de “ventajas” empresariales: bonificaciones, tarifas planas, etc. Medidas que venden como ayudas a la contratación, que salen de la “hucha de las pensiones” y que se tomaban paradójicamente a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, es decir acordando que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el propio Pacto de Toledo.

 
El gobierno Zapatero promovió la Ley 27/2011, que, aumentó la edad de jubilación a 67 años, amplió el período de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años y el número de años cotizados para acceder al 100% de la pensión de 35 a 37 años. El gobierno del PP profundizó estas medidas, atrasando dos años las jubilaciones anticipadas, limitando sustancialmente la protección del subsidio de desempleo de los mayores de 52 años, que entre otros efectos repercute de forma importante en las pensiones, etc.

 
Las pensiones son un derecho que conquistó la clase trabajadora en nuestro país y que forman parte de nuestro salario, lo que se llama salario social, que incluye el salario directo (nuestra nómina), el salario indirecto (los servicios públicos financiados con impuestos) y el salario diferido (las pensiones).

 
Los sistemas de pensiones dan lugar a importantes efectos redistributivos y de prevención de la pobreza. Gracias a las pensiones públicas, el envejecimiento ya no es sinónimo de pobreza o de dependencia de las personas mayores. Habiéndose convertido en algunos casos en el único ingreso que tienen determinadas familias que reparten la pensión entre descendientes.

 
Estas personas a las que algunas llaman privilegiadas cobran en Castilla y León menos de 650€ en un 46% y el 62% menos de 800€. Respecto a las pensiones, existe una brecha de género también ya que de las inferiores a 600€ el 70% son mujeres y el 30% hombres, mientras que en las de más de 2400€, el 12% son mujeres y el 88% son hombres. Las pensiones de las mujeres son muy inferiores a las de los hombres: en septiembre de 2015 su cuantía era del 62,17% de las masculinas. Esa diferencia se está reduciendo lentamente, pero se produce debido a los menores salarios, mayor tasa de trabajadoras a tiempo parcial, a unas carreras profesionales más cortas e inestables debido a las épocas de la vida dedicadas a las actividades de cuidado,…

 
Esto pone claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de estas prestaciones. Una estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones como unas prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas (bancos y aseguradoras) que ven en ello un gigantesco negocio.

 
Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria será posible reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro de las pensiones. Se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida.

 
La movilización en las calles puede ayudar a generar un debate político respecto al tema de las pensiones y que busquemos soluciones para subidas de la pensión de 0,25% que pueden suponer unos céntimos más en alguno de los casos. Por ello el 17 de marzo estaremos por las calles de Palencia reclamando unas pensiones más justas y subidas dignas para nuestras personas mayores.

 

 

MOCIÓN

1. Facilitar con todos los medios materiales y de difusión la próxima manifestación en defensa del sistema público de pensiones del 17 de marzo.

2. Instar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la España a la derogación de las Reformas Laborales de 2010 y de 2012, debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.

3. Solicitar al Gobierno de España la derogación de la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, con el fin de seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC.

4. Instar al Gobierno de España a establecer por ley que las pensiones no puedan estar, en ningún caso, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

5. Instar al Gobierno de España a que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y a buscar vías de financiación directas desde los Presupuestos Generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones.

6. Dar traslado de esta Moción al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.

 

 

 

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