A lo largo de muchos años en Castilla y León hemos visto megaproyectos ambientales y urbanísticos por suerte malogrados, porque vulneraban derechos de habitantes rurales y de la ciudadanía de Castilla y León en general. Proyectos planteados durante los años de Gobierno del PP, que finalmente -y afortunadamente- se han paralizado en los tribunales. Hay muchos ejemplos del uso y abuso de autoridad en nuestra Comunidad Autónoma: Meseta ski, la Ciudad del Medio ambiente o San Glorio son los más conocidos.

De todo aquello, el PP ha aprendido. Se ha dado cuenta de que si los proyectos no se ajustan a la ley… nada mejor que cambiar la ley. Y ahora pretende hacerlo como una «modificación» de la Ley de urbanismo. Lo planteó como una pequeñez sin apenas importancia y que es mejor ventilar lo antes posible de manera urgente. Sin embargo es la reforma más importante en la Ley de urbanismo, por la que vienen a facilitar el acceso a canteras, a minería energética y no energética, con la que se corre el peligro de que entre de nuevo el temido fracking en nuestra Comunidad Autónoma, o acabar con la mitad de la sierra de Ávila con proyectos pertenecientes a multinacionales extranjeras o consorcios internacionales. Es decir, se pretende entregar nuestros recursos minerales a empresas de capital extranjero y grandes multinacionales que luego se irán y dejarán todo expoliado.

El PP con apoyo de Ciudadanos cambia la ley desoyendo el artículo 45 de la Constitución Española que dice que se debe garantizar un medioambiente adecuado y en condiciones sanas para toda la ciudadanía. Cambia la ley para eliminar todos los controles existentes a la hora de abrir una mina o un proyecto extractivo. Desprotegen y quitan las trabas burocráticas que son una garantía de los derechos democráticos de toda la ciudadanía (pero sin embargo para ambos partidos de derechas parecen ser molestas «trabas») y así permite una actividad con poca seguridad jurídica para las propias empresas y para toda la sociedad.

Por otro lado, este cambio que parece que solo modifica dos artículos, es un cambio de calado. Se trae al final de la legislatura, colándolo de refilón sin debate y sin pasar por el informe de ningún Consejo.

Además, es una clara intromisión a la autonomía local. Los ayuntamientos son los competentes para su planeamiento y quienes deciden sus usos de suelo. Un ayuntamiento puede modificar sus Normas Subsidiarias para decidir cuál es la calificación de subsuelo, donde se pueden hacer este tipo de extracciones, con una revisión posterior para comprobar que son conformes a Derecho y legalidad… O más exactamente, podía hacerlo hasta ahora, porque con la nueva ley se impone desde la Junta de Castilla y León, entrometiéndose en la autonomía local y negándose a la sociedad civil un debate sobre un asunto que nos atañe a todas y todos. Para cambiar dichos artículos tiene que haber un debate social impedido, porque no se ha permitido que haya alegaciones ni exposición pública.

Para Ganemos esto es gravísimo porque implica simplificar y desproteger a los ayuntamientos, de modo que se les pueda imponer cualquier tipo de mina a cielo abierto o proyecto energético o no energético, y se les pueda imponer sencillamente con una autorización de uso excepcional que aprueba la propia Junta de Castilla y León, un permiso fácil de obtener en escasas semanas sin tener que hacer ni siquiera trámite de audiencia, eliminando así las herramientas que los Ayuntamientos y Diputaciones tienen para confrontar proyectos como las minas de feldespato en Ávila.

En resumidas cuentas, se pretende silenciar a la población, quitarle las escasas herramientas que a día de hoy tiene para evitar que se les implanten este tipo de proyectos en sus pueblos y en sus comarcas contra su voluntad.

Hay dos modelos de gestión del medio rural. Uno es dar barra libre a las empresas a la vez que se fomenta la despoblación eliminando servicios públicos como transporte, sanidad o educación en nuestros pueblos. Este es el modelo del Partido Popular, la España vaciada dónde pueden venir empresas a explotar la riqueza. El otro modelo posible, el de Ganemos, es uno que respeta el medio ambiente y permite su protección como una oportunidad para poder avanzar garantizando derechos sociales, sostenibilidad y el desarrollo económico de los pueblos. Un modelo que apuesta por el mundo rural, por los servicios públicos y por dar seguridad, orden y legalidad a las empresas que quieran hacer bien su trabajo, siempre en consenso con los Municipios y las Diputaciones que deben tener libertad para decidir si quieren tener minas o no en su territorio, en lugar de imponérselas desde la Junta de Castilla y León. Muy al contrario, nuestro medio ambiente debería ser considerado un recurso natural y un espacio estratégico, sujeto a límites medioambientales y urbanísticos así como al interés general. La minería tiene que ser compatible con la salud humana, con el interés general y con nuestra propia riqueza medioambiental, restableciéndose los principios de legalidad, igualdad, generalidad e interdicción propios del Estado de derecho.

 

 

 

 

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