Ayer supimos que una familia con dos bebés y la madre enferma, era desahuciada de un alquiler con un particular. Los servicios sociales funcionaron para facilitar una alternativa a la familia hasta poder entrar en la nueva vivienda que han conseguido, pero fue lo único. El resto supuso un total y absoluto fracaso del sistema.

1) Empezando por la brutalidad de la ejecución, con tantísima policía que es más útil y necesaria en otras tareas, pero se decidió concentrar a la mitad de los efectivos en un portal de la Avenida de Asturias para reprimir una concentración pacífica de treinta personas.

2) Continuando con la escasa autoridad que tienen los servicios sociales ante los juzgados: el o la trabajadora social es quien está en contacto con las familias sin recursos y quién mejor conoce la situación de estas personas. Su informe explicando la situación de una familia sin alternativa  habitacional debería ser vinculante en el criterio de un juez.

(Comentario aparte merecerían las propias leyes de vivienda y los procesos judiciales. Eso mejor dejárselo a expertos, porque no cabe en la cabeza de nadie un desahucio con el contrato en vigor y al corriente de pagos).

3) Y finalizando con lo más grave de todo y lo que afecta directamente a la política municipal: la inexistencia de un parque público de viviendas del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León para atender situaciones como ésta u otras que se dan a menudo, porque por mucho que el equipo de gobierno lo niegue, en Palencia hay personas y familias en exclusión social, que tienen que recurrir a ayudas para comer o pagar las facturas de la luz, que deben vivir con familiares o dar la patada en la puerta de un piso vacío para no irse debajo de un puente.

Ganemos Palencia llevamos cuatro años proponiendo medidas para facilitar alquileres asequibles a los colectivos que los necesitan (jóvenes, familias en exclusión, personas sin recursos, etc.) facilitando una mediación municipal para que puedan estar disponibles esos pisos vacíos que hay en la ciudad.

Pero de momento, nada se hace y en nada se nos escucha, propiciando y perpetuando un sistema fallido para el que el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución española, es papel mojado.

 

 

 

 

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